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Agentes de la Autoridad y personal de Seguridad Privada

El Ley de Seguridad Privada concibe a los servicios de seguridad privada como “servicios complementarios y subordinados respecto a los de seguridad pública”, considerándolos como “un medio de prevención del delito y contribuye, por tanto, al mantenimiento de la Seguridad Pública”. Sin embargo, a pesar de la importante labor que desempeña el colectivo de Seguridad Privada, con la actual legislación, y salvo en ciertos matices, carecen de la condición de agentes de la autoridad.

La normativa anterior a la Ley de Seguridad Privada (Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, por el que se regulaba la función de los Vigilantes Jurados de Seguridad), se reconocía de modo expreso la condición de agente de la autoridad a los vigilantes jurados de fincas, empresas o entidades en el ejercicio de su cargo.

No obstante, dicho Real Decreto fue derogado por la Disposición Derogatoria Única de la Ley de Seguridad Privada perdiendo así el personal de Seguridad Privada la condición de agente de la autoridad.

Posiblemente la pérdida de dicha condición fuera debida, como viene explicado en el preámbulo de la Ley de Seguridad Privada , a "numerosos problemas, tales como el intrusismo, [...], deficiente formación de los vigilantes, irregularidades en su funcionamiento y comisión de numerosas infracciones, así como la ausencia sobrevenida de requisitos esenciales."

Diferentes sentencias del Tribunal Supremo ( 25 de octubre de 1991, 6 de mayo de 1992, 18 de noviembre de 1992, y, 7 de abril de 1993) tambien niegan el carácter de agente de la autoridad a los profesionales de la Seguridad Privada. En este sentido nos ha sorprendido y alegrado mucho, la sentencia de 9 se septiembre de 2009 de la Audiencia Provincial de Logroño, que defiende que "las actividades de vigilancia y seguridad de personas o bienes se realizaran por los Vigilantes de Seguridad, Jefes de Seguridad, Escoltas privadas, Guardas Particulares y Detectives Privados, fuerza de toda consideración como Agentes Públicos de la Autoridad, puesto que son auxiliares de aquellas Fuerzas y han de prestarles colaboración y seguir sus instrucciones.". Desconocemos si dicha sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño fue recurrida finalmente en vista de la jurisprudencia existente.

El 1 de febrero de 2011 se aprobó la Orden INT/318/2011, sobre personal de seguridad privada, que en su artículo 5 se amplía la protección jurídica que se reconoce al personal de seguridad privada cuando acude en auxilio o colaboración con la Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (no por el solo hecho de ser o ejercer las funciones de su cargo y vestir el uniforme). Así pues quedan patentes los esfuerzos de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía para que se otorgue al personal de seguridad privada la consideración de agentes de la autoridad a efectos penales en determinados supuestos.

Algunas Administraciones Autonómicas, entienden la casuística en torno al personal de seguridad privada y su labor, y han dictado Leyes en sus territorios para otorgar a algunos colectivos o profesionales en el desempeño de su actividad, en determinados contextos, la condición de Agente de la Autoridad, como por ejemplo el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid (artículo 6 de la Ley 1/2002, de 27 de marzo). Govern Catalunya ha manifestado su intención de realizar una reforma legal para elevar a autoridad pública a los vigilantes de seguridad del metro y el tren. Sin embargo esto no terminamos de entender ya que en principio las Comunidades Autónomas no tienen capacidad normativa para regular sobre seguridad privada (es una competencia del Estado). El matiz que defienden estas Administraciones para otorgar tal consideración es que entienden que las funciones que realizan los profesionales de seguridad privdla, resultan de la delegación de funciones atribuibles, en principio ,a funcionarios agentes de la autoridad.

Tambien es posible encontrar casos puntuales de ciudadanos o profesionales que, ha título individual, han recibido un nombramiento específico como Agente de la Autoridad, otorgado por la Autoridad competente.

Hay un detalle que muchas personas no se han parado a pensar. Y es que tener la consideración de Agente de la Autoridad conlleva una gran responsabilidad. Por ejemplo, las penas o sanciones por un mismo hecho punible, suelen ser más severas a quien obstenta tal consideración.

Concluimos que sería muy positivo ver como una reforma de la Ley de Seguridad Privada otorga una mayor protección jurídica al personal de seguridad privada, dada la naturaleza de la actividad que desempeñan, y no solo cuando cuando acude en auxilio o colaboración con la FCSE, puesto que por el hecho de ejercer las funciones propias de su cargo, se encuentran muy expuestos y en una posición vulnerable. Creemos que se está avanzando en este sentido.

 

 

 
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