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Ley 23/92 de Seguridad Privada de 30 de julio

[ver tambien normativa seguridad privada]

[descarga de la Ley de Seguridad Privada]

Modificada por

La seguridad representa un pilar básico de la convivencia y su garantía constituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno que, en tal condición, se ejerce en régimen de monopolio por el poder público.

El desarrollo de la seguridad privada que se produjo en nuestro país, a partir de la primera regulación de este tipo de prestaciones de servicios, en 1974, obligaba a principios de la década de los noventa a revisar el tratamiento legal para permitir un control eficaz del elevado número de empresas del sector, toda vez que se trata de un medio de prevención del delito y contribuye, por tanto, al mantenimiento de la seguridad pública.

La Ley 23/92 considera a los servicios privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública. A partir de esta se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Con estas normas se busca compaginar las facultades que puedan tener los ciudadanos
a la hora de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.

La Ley tiene por objeto regular la prestación por personas, físicas o jurídicas, privadas de servicios de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública. A estos efectos, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad, los escoltas privados que trabajen en ellas, los guardas particulares del campo y los detectives privados.

Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la Constitución y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencia, actuando con
congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles.
Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán especial obligación de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados. Corresponde el ejercicio de las competencias
administrativas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley al Ministerio del Interior y a los Delegados del Gobierno.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades, servicios o actuaciones y del personal y medios en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación. A estos efectos, habrá de facilitarse a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que en cada caso sean competentes, la información
contenida en los libros-registro en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determinen.

Asimismo, las empresas de seguridad y los detectives privados presentarán cada año un informe sobre sus actividades al Ministerio del Interior, el cual dará cuenta a las Cortes Generales del
funcionamiento del sector. Dicho informe habrá de contener relación de los contratos de prestación de los servicios de seguridad celebrados con terceros, con indicación de la persona con quien se contrató y de la naturaleza del servicio contratado, incluyéndose igualmente los demás aspectos relacionados con la
seguridad pública, en el tiempo y en la forma que reglamentariamente se determinen.

Las empresas y el personal de seguridad privada no podrán intervenir, mientras estén ejerciendo las funciones que les son propias, en la celebración de reuniones y manifestaciones ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales, sin perjuicio de mantener la seguridad que tuvieren encomendada de las personas y de los bienes. Tampoco podrán ejercer ningún tipo de controles sobre opiniones
políticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener bancos de datos con tal objeto. Además tendrán prohibido comunicar a terceros cualquier información que conozcan en el ejercicio de sus funciones sobre sus clientes, personas relacionadas con éstos, así como los bienes y efectos que custodien. Para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas
reglamentadas y los medios materiales y técnicos homologados, de manera que se garantice su eficacia y se evite que produzcan daños o molestias a terceros. El Ministerio del Interior determinará las características y finalidades de dichos medios materiales y técnicos, que podrán ser modificadas o anuladas cuando varíen las condiciones y circunstancias que determinaron su aprobación.

 
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