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Seguridad privada
 
 

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Reglamento de Seguridad Privada

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[descarga del la Reglamento]

Modificado por:

  • Real Decreto 938/97 de 20 de junio. Requisitos de Autorización de Empresas y Habilitación del personal de seguridad
  • Real Decreto 1123/2001, 19 de Octubre, modifica reglamento de Seguridad Privada
  • Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo (BOE núm. 61 de 12 de marzo).
  • Sentencia de la sala tercera del TS de 30 de enero de 2007 (BOE núm. 55, de 5 de marzo)
  • Real Decreto 4/2008, Modificación del reglamento de Seguridad Privada
    SENTENCIA DE 15 DE ENERO DE 2009, DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO (BOE núm. 52, de 2 de marzo).
  • Real Decreto 1628/2009, Modificación del reglamento de Seguridad Privada

La seguridad privada está regulada a partir del Real Decreto 2364/94, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada , (BOE número 8, de 10 de enero de 1995), y su modificación por el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio, (BOE número 148, de 21 de junio), por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre (BOE número 281, de 23 de noviembre) por el Real Decreto 277/2005 de 11 de marzo (BOE número 61, de 12 de marzo) y por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

La Ley 23/1992, de 30 de julio,de Seguridad Privada, en su disposición final primera, encomienda al Gobierno dictar las normas reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de la propia Ley. Por su parte, la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, autoriza igualmente al Gobierno a dictar las normas necesarias para determinar las medidas de seguridad que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del mismo texto legal, puedan ser impuestas a entidades y establecimientos. La indudable afinidad de las materias aludidas y la finalidad idéntica de las mismas, constituida por la prevención de los delitos, aconseja desarrollarlas reglamentariamente de forma unitaria, lo que se lleva a cabo mediante el Reglamento de Seguridad Privada, que se aprueba por el Real Decreto 2364/94.

De acuerdo con el mandato conferido por la Ley de Seguridad Privada, se determinan en el Reglamento los requisitos y características de las empresas de seguridad; las condiciones que deben cumplirse en la prestación de sus servicios y en el desarrollo de sus actividades, y las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada; al tiempo que se determinan los órganos competentes para el desempeño de las distintas funciones administrativas, y se abre el camino para la determinación de las características de los medios técnicos y materiales utilizables.

En relación con la determinación de las facultades que en materia de seguridad privada corresponden a las comunidades autónomas competentes para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, el Reglamento se limita a desarrollar lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 23/1992, de 30 de julio. Se continúa así en este ámbito la línea favorable a una interpretación amplia de las atribuciones de las comunidades autónomas, en relación con la definición que de la competencia autonómica sobre sus propios servicios policiales y sus funciones ha realizado la jurisprudencia constitucional (más concretamente la Sentencia 104/1989, de 8 de junio).

Desde esta perspectiva, el Reglamento recoge la atribución específica a las comunidades autónomas aludidas de funciones ejecutivas de la normativa estatal respecto a la autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad que tengan su domicilio social y su ámbito de actuación en la propia comunidad autónoma, respetando así la decisión del legislador, que entiende comprendidas, si quiera sea parcialmente, determinadas competencias sobre seguridad privada en el ámbito de las facultades autonómicas asumidas estatutariamente al amparo del artículo 149.1.29. de la Constitución.

En coherencia con lo anterior, la Ley 23/1992 y el Reglamento de Seguridad Privada sientan de forma clara la competencia estatal respecto a aquellas actividades de seguridad privada que, por su ámbito funcional de desarrollo o por estar conectadas con aquélla, no pueden entenderse comprendidas en el ámbito de la competencia autonómica para regular su propia policía destinada al mantenimiento del orden público y a la protección de personas y bienes. En este sentido, la habilitación del personal de seguridad privada, que la Ley 23/1992 no incluyó entre las facultades autonómicas, implica el ejercicio de funciones derivadas de la competencia estatal exclusiva sobre la seguridad pública, sin que aquélla pueda incluirse en la competencia autonómica sobre sus propios servicios policiales, tal y como la define la jurisprudencia constitucional.

A mayor abundamiento, se está ante una habilitación para el ejercicio de determinadas funciones en todo el territorio estatal y ante personas que en la mayor parte de los casos pueden desarrollar sus funciones provistas de armas de fuego. Por lo que respecta a la seguridad en establecimientos e instalaciones, se desarrolla el artículo 13 de la Ley Orgánicasobre Protección de la Seguridad Ciudadana, determinando los servicios y sistemas de seguridad que habrán de adoptar las distintas clases de establecimientos, a cuyo efecto se cuenta con la experiencia acumulada durante los últimos años, adecuándose las medidas de seguridad en entidades y establecimientos públicos y privados al objeto perseguido, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías.

Con este Reglamento se intenta completar el ciclo normativo de la seguridad privada, contemplada en su totalidad, poniéndose fin a la dispersión de normas vigentes, dictadas a partir del año 1974, y subsanando las lagunas existentes y los desfases producidos por la propia dinámica de la seguridad privada durante los años transcurridos. Desde la entrada en vigor del Reglamento de Seguridad Privada, se puso de manifiesto la existencia de supuestos de hecho, incluidos en su ámbito de aplicación, que no habían sido objeto de consideración específica o que habían sido tratados insuficientemente.
Es concretamente el caso de las empresas de seguridad de ámbito autonómico, en especial las pequeñas empresas de seguridad, que tienen un indudable e importante papel en el sector, y cuyas peculiaridades no han sido adecuadamente tenidas en cuenta al determinar los requisitos cuantitativos necesarios para su autorización, como puso de relieve la Proposición no de Ley, presentada al Congreso de los Diputados con fecha 18 de febrero de 1997, por la que se instaba al Gobierno a modificar determinados aspectos de la normativa sobre seguridad privada.

Asimismo, también se constató que debían ser objeto de regulación específica determinados aspectos relativos a los guardas particulares del campo, y los relacionados con la obtención de formaciones y habilitaciones complementarias por el personal de seguridad privada que ya se encuentre diplomado o habilitado como vigilante de seguridad o como guarda particular del campo; así como el supuesto de los guardas de seguridad o controladores que, desarrollando su actividad laboral en este sector, no pueden concurrir a las pruebas de habilitación como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo, por superar la edad reglamentaria. Razones de política económica, que exigen la protección de las pequeñas empresas, combinadas con razones de promoción del empleo, dada la reconocida aptitud de dichas empresas para la generación de puestos de trabajo, y en ambos casos razones de proporcionalidad, y de estricta justicia, obligaron a completar el Reglamento de Seguridad Privada, modulando los requisitos cuantitativos de capital social, garantía y seguro de responsabilidad civil, que deben ser adaptados a las características reales de dichas empresas; perfeccionanado la regulación sobre guardas particulares del campo, así como la relativa a habilitaciones múltiples; y abriendo posibilidades de habilitación, como personal de seguridad privada, a los guardas de seguridad, controladores y miembros de colectivos análogos, que hubieran cumplido cuarenta años de edad, a través de la primera modificación del texto 2364/1994 con la publicación del Real Decreto 936/1997.
Ahora bien, en el año 2000 se abre un proceso de diálogo entre la Administración y los distintos sectores implicados en este sector, en el seno de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, que sin poner en entredicho las líneas maestras del sistema, se ponen de manifiesto múltiples aspectos concretos o de detalle, pero de indudable trascendencia para el funcionamiento global de la seguridad que han podido producir efectos indeseables, distorsiones o excesos innecesarios e improcedentes, relacionados principalmente con el ejercicio de las funciones de control que debe llevar a cabo la Administración; aspectos que lógicamente deben ser corregidos.

Se trata, sobre todo, de excesos en cuanto al contenido de los libros-registro que deben llevar las empresas de seguridad, por la exhaustiva información que se obliga a incorporar a los mismos, haciendo engorrosa, difícil y en buena medida inútil su llevanza; de rigidez en el régimen de control de los contratos de servicio, que no tiene debidamente en cuenta las exigencias funcionales que la realidad impone al sector; de delimitación inadecuada de algunas funciones y de las incompatibilidades del personal, que impiden la realización de servicios, considerados imprescindibles, de verificación y respuesta a las alarmas; o de complicaciones y demoras injustificadas en la tramitación de los procedimientos de inspección y autorización de aperturas y traslados de oficinas, lo que resulta incompatible con las necesidades y el dinamismo propio del sector bancario; además de la necesidad advertida de perfeccionar, para garantizar su eficacia, el régimen de instalación de medidas de seguridad obligatorias o que se hayan de conectar a centrales receptoras de alarmas. Asimismo, son necesarias algunas actualizaciones y mejoras del régimen jurídico de la seguridad privada, razonablemente solicitadas por los sectores económicos y sociales implicados, que requieren intervenciones profundas y dilatadas, y que hacen necesaria la modificación de la Ley 23/1992, por lo que únicamente podrán ser realizadas en el momento oportuno, previos los estudios necesarios, con la planificación y el desarrollo del proceso legislativo pertinente; pero la mayor parte de las cuestiones estudiadas en el mencionado proceso de diálogo se encuentran reflejadas en el Reglamento de Seguridad Privada y en disposiciones generales de menor rango normativo, dictadas en desarrollo del mismo, por cuya razón se aconseja que se lleven a cabo todas aquellas correcciones y mejoras posibles mediante normas con rango de real decreto y de orden ministerial.

Ello es así, porque se trata de la mejora y perfeccionamiento del estatus del personal de la seguridad privada y de las empresas de seguridad, con medidas de flexibilización jurídica, perfeccionamiento administrativo y disminución de costes; promoviendo la eficacia de la seguridad privada, que tiene gran trascendencia en beneficio de la seguridad pública, y facilitando el funcionamiento del sector, que influye indirectamente en el progreso de la economía general del país. Por todo lo expuesto se publica el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, Boletín Oficial del Estado de 22 de noviembre y aún hay una modificación posterior, por el Real Decreto 277/2005 de 13 de marzo, que en su disposición final primera reforma el artículo que establece la dotación y las funciones de los vigilantes de cada vehículo de transporte y distribución de explosivos.

La ultima modificación de la normativa de Seguridad Privada se produce mediante Sentencia de 26 de enero de 2006, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que condenaba al Reino de España por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Tratado CE, al mantener en vigor determinadas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada y de su Reglamento de desarrollo, que imponían una serie de requisitos a las empresas y al personal de seguridad privada procedentes de otros países miembros que quisieran ejercer actividades de seguridad privada en España.

Entiende el Tribunal que los requisitos exigidos en nuestro país para la prestación de servicios de seguridad privada pueden vulnerar los principios de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios, al ser susceptibles de colocar, de facto, a los ciudadanos o sociedades de otros Estados miembros en una situación desfavorable respecto a la de los españoles. Concretamente, son dos los aspectos que se ponen en tela de juicio: en primer lugar, la falta de proporcionalidad entre el interés a proteger y los requisitos exigidos por la normativa española para la prestación de servicios de seguridad privada por las empresas. Y, en segundo lugar, la no aplicación del reconocimiento mutuo a las cualificaciones profesionales en este sector que hayan sido adquiridas en otro Estado miembro.

Finalmente, indica la Sentencia que las profesiones a las que se aplica el Reglamento de Seguridad Privada son profesiones reguladas en el sentido de las Directivas 89/48 y 92/51, dado que su ejercicio está supeditado a la posesión de determinadas cualificaciones. Sin embargo, no existe ninguna norma de Derecho español que prevea la posibilidad de reconocer las cualificaciones obtenidas en otros Estados miembros. Concretamente, por lo que se refiere a la profesión de detective privado no existe actualmente en España ningún sistema de reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales relacionadas con dicha profesión.

A fin de dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en la repetida Sentencia, han sido modificados por una norma con fuerza de ley, el Real Decreto 8/2007, de 14 de Septiembre, cuya adopción se justifica en la necesaria ejecución inmediata de la obligación que implica en sí misma el cumplimiento de la Sentencia en el plazo más breve posible, pero también en la necesidad de impedir situaciones fácticas que dificulten el correcto funcionamiento del sector o lesionen la libre concurrencia en el mismo.

El ejercicio de actividades de prestación de seguridad por personas privadas

La seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, su garantía constituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno que, en tal condición, se ejerce en régimen de monopolio por el poder público. Sin embargo, la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados se ha ido extendiendo progresivamente por todas las sociedades de nuestro entorno, llegando a adquirir en las últimas décadas un gran auge. Países como Bélgica, Francia, el Reino Unido o Italia aprobaron durante las décadas de los ochenta y noventa nuevas leyes o modificaron su anterior legislación para integrar funcionalmente la seguridad privada en el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado.

En este marco se inscribe la actual normativa de seguridad privada, considerando los servicios privados de seguridad como complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública. A partir de ahí se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Con esta normativa se articulan las facultades que puedan tener los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.

El desarrollo de la seguridad privada que se produjo en nuestro país a partir de la primera regulación de este tipo de prestaciones de servicios, en 1974, obligó a revisar el tratamiento legal a principios de la década de los noventa, para permitir un control eficaz del elevado número de empresas del sector y de los entonces denominados "vigilantes jurados de seguridad", cuya existencia no puede ser cuestionada, ya que se trata de un medio de prevención del delito y contribuye, por tanto, al mantenimiento de la seguridad pública.

Además, debe tenerse en cuenta que la presencia de vigilantes en controles de acceso y seguridad interior no suele tener una trascendencia externa que perjudique la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque están llamados a actuar como elementos colaboradores en tareas que difícilmente podrían cubrir por sí solos. El análisis del sector y de sus circunstancias pone de relieve que paralelamente a su crecimiento han aparecido numerosos problemas, tales como el intrusismo, falta de normas de homologación de productos, deficiente formación de los vigilantes, irregularidades en su actuación y comisión de numerosas infracciones, así como la ausencia sobrevenida de requisitos esenciales.

La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que dichos servicios forman parte de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29 de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detecten el acaecimiento de hechos delictivos graves, perseguibles de oficio.

La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

La LSP y su Reglamento regulan y otorgan carta de naturaleza a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad, tanto de personas como de bienes, por parte de personas, físicas o jurídicas, privadas; son actividades de servicios a las que la Ley califica como complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.

Personal de Seguridad Privada

Cómo crítica a la propia Administración, en el año 2010 estamos viendo renacer la figura del “sereno”,
Únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada que serán personas, físicas o jurídicas privadas.

Esta actividad se prestará con absoluto respeto a la Constitución y con sujeción a lo dispuesto en la Ley 23/1992, de 31 de julio, de Seguridad Privada y en el resto del ordenamiento y tendrán la consideración de complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.

Corresponde el ejercicio de las competencias administrativas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Privada y las disposiciones de desarrollo al Ministerio del Interior y a los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Las empresas de seguridad deberán estar inscritas en el Registro correspondiente del Ministerio del Interior, y respecto al personal de seguridad privada deberá obtener previamente, para el desarrollo legítimo de sus funciones, una habilitación del Ministerio del Interior y debe cumplir y en su caso, reunir al efecto los requisitos especificados en el art. 10 LSP.

  • Vigilantes de seguridad, que únicamente pueden desarrollar las funciones determinadas en el art. 11 LSP.
  • Jefes de seguridad, designados en aquellas empresas de seguridad que reglamentariamente deban disponer de tal cargo, por razón del número de vigilantes, la complejidad organizativa o técnica u otras circunstancias (art. 16 LSP).
  • Directores de Seguridad designado por una entidad, empresa o grupo empresarial en las que se haya creado departamento de seguridad en las que se desarrollara las funciones enumeradas en el articulo 95 punto 2 del RSP.
  • Escoltas privados, que tienen un régimen idéntico a los vigilantes de seguridad, pero se cualifican por sus funciones exclusivas y excluyentes.
  • Guardas particulares del campo, quienes tienen el mismo régimen que los vigilantes de seguridad y se cualifican por las funciones de vigilancia y protección de la propiedad rural (art. 18 LSP).
  • Detectives privados, que constituyen una figura con perfil propio, diferenciado de la empresa de seguridad e incompatible tanto con la función pública de la seguridad u orden públicos como con las funciones propias de las anteriores figuras de personal de seguridad privada (art. 19.2 LSP).

Areas de actuación de las empresas de seguridad

Las actividades lícitas que pueden desarrollar y prestar las empresas de seguridad están enumeradas en el art. 5 LSP. La efectiva prestación de un servicio debe formalizarse mediante un contrato.
El ejercicio de todas las actividades o servicios de prestación de seguridad privada está sujeto a intervención administrativa, correspondiendo la actuación de las competencias para el cumplimiento de la LSP al Ministerio del Interior y a los representantes del Gobierno de la nación en las comunidades autónomas. En la prestación de los correspondientes servicios y para la garantía de la seguridad únicamente pueden utilizarse las medidas reglamentarias y los medios materiales y técnicos aprobados u homologados por el Ministerio del Interior, el cual puede modificar o anular las medidas y los medios cuando así lo demande el cambio de circunstancias (art. 4 LSP). Con carácter general, las actividades de prestación de servicios de seguridad privada están sujetas a las siguientes reglas que se exponen a continuación:

Principios:

  • Carácter complementario y subordinado de las de seguridad y orden públicos (art. 1.1 LSP).
  • Prestación con absoluto respeto a la Constitución y según lo dispuesto en la LSP y en el resto del ordenamiento jurídico (art. 1.3 LSP).
  • Actuación conforme a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias; y congruencia y proporcionalidad en la utilización de facultades y medios disponibles (art. 1.3 LSP).
  • Deber especial de auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestándoles su colaboración y siguiendo sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos y vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia tuvieren a cargo (art. 1.4 LSP). Limitaciones y prohibiciones (art. 3 LSP):
  • No intervención del personal de seguridad privada, mientras se encuentre ejerciendo sus funciones, en la celebración de reuniones y manifestaciones o en el desarrollo de conflictos políticos o laborales, sin perjuicio de mantener la seguridad que tuvieren encomendada de las personas y de los bienes.
  • No ejercer, por parte de las empresas o del personal de seguridad privada, ningún control sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener bancos de datos con tal objeto.
  • Prohibición de la comunicación a terceros de cualquier información cuyo conocimiento se haya adquirido en el ejercicio de funciones de seguridad privada sobre sus clientes, personas relacionadas con éstos, así como los bienes y efectos custodiados.

Ambito de aplicación de la Seguridad Privada

  • Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.
  • Protección de personas determinadas, con la correspondiente autorización previa.
  • Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras. Aquí se incluyen también los explosivos.
  • Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior, a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos cuyas características serán determinadas por el Ministerio del Interior, de forma que no puedan confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
  • Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.
  • Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad (art. 5.1 LSP). Las empresas de seguridad no podrán dedicarse a la fabricación de material de seguridad, salvo para su propia utilización, explotación y consumo, ni a la comercialización de dicho material. Las actividades de estas empresas son de carácter privado, aunque la Ley las considera complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.

Podemos concluir que las empresas de seguridad sólo pueden dedicarse a las actividades y prestar los servicios citados con carácter exclusivo y excluyente.


 
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